La guerra entre la aplicación de transporte privado y las leyes españolas está muy lejos de acabar. Así, a pesar de que Uber parecía haber encontrado un nuevo equilibrio para conseguir operar en España gracias al reparto de comida, ahora sorprende al denunciar su imposibilidad de operar en este país ante la Comisión Europea. Una queja formal planteada durante la pasada jornada y con sólidos argumentos ante la reciente prohibición de actuar como una empresa de transporte.
Según informa el rotativo El País, la compañía Uber ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea alegando que la prohibición española para operar como aplicación de transporte va en contra de las leyes europeas. Y es que la última decisión judicial que prohibió efectivamente el funcionamiento de Uber lastra los intereses de la aplicación para “proteger el monopolio tradicional del taxi”, según se cita en la denuncia a la que El País ha tenido acceso.
Lejos de ser una pataleta o una escena más de este culebrón, la queja de Uber parece bien fundamentada partiendo de la base de entender la compañía como un servicio de Internet de intermediación, y no como una empresa de transportes. Así, quiere que sea entendida y tratada como las compañías de venta de billetes de vuelo por Internet. De tal forma comercializaría un servicio de transportes que se regula en el marco de los servicios de la sociedad de la información. Y es que Uber sigue empeñada en venderse como un intermediario para el concepto de economía colaborativa, poniendo en contacto a conductores que prestan su trayecto con usuarios que necesitan transporte. Claro que la realidad es bien distinta, ya que es el viajero quien elige el trayecto, pagando una tarifa previamente establecida y cuyo 20 por ciento va a parar a Uber.
Sin embargo, al presentarse como servicio electrónico, Uber denuncia que la decisión judicial española ha vulnerado varias leyes europeas. Entre ellas están las directivas de comercio electrónico, la libertad de prestación de servicios o el principio de neutralidad tecnológica. Pero la denuncia va más allá, afirmando incluso haberse vulnerado la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
Una vez que Bruselas decida si la denuncia de Uber es viable o no, es posible que solicite a España que cambie de parecer respecto a su decisión judicial. Aun así, España podría negarse y hacer que el caso pase al Tribunal Europeo de Justicia. De momento no hay plazos para que la Comisión Europea de una resolución a la queja formal presentada por Uber, por lo que habrá que esperar. Y es que se le acumula el trabajo después de que la compañía presentase sendas reclamaciones también contra Francia y Alemania, donde también está encontrando problemas para operar.
Uber comenzó a operar en abril de 2014 en Barcelona, pasando después a Madrid y Valencia. Sin embargo, la orden judicial obligó a la suspensión de su funcionamiento, llegando a ser bloqueado a través de las operadoras de Internet por dicha orden. De momento sigue operando en la ciudad condal gracias a su servicio UberEats, que en vez de transportar personas sirve de reparto de comida a domicilio. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve esta cuestión, o si decide empezar a pagar licencias de taxi a sus conductores españoles como ha comenzado a hacer en Alemania con el fin de rodear y respetar la ley del país.
