uber suspensión california

La compañí­a Uber, conocida por utilizar conductores autónomos y ofrecer servicio de transporte a través de su aplicación, sigue enfrentándose a situaciones complicadas y litigios por todo el mundo. Lo más sorprendente es que el último caso le ha llevado a un ultimátum con la justicia directamente en su propia casa. Así­, un juez administrativo recomienda la suspensión del servicio de transporte privado y el pago de una indemnización de más de seis millones y medio de euros (7,3 millones de dólares) por su actuación en contra de las leyes del estado de California. Estado de Estados Unidos donde comenzó su andadura y donde, curiosamente, cuenta con el apoyo de otras grandes compañí­as como Google.

Al parecer, los problemas de Uber en Estados Unidos tienen que ver con la Comisión de Servicios Públicos de California. Una institución encargada de regular diferentes servicios como el transporte de personas, y cuya ley del 2013 permite a compañí­as como Uber operar en este Estado. Eso sí­, siempre y cuando dicha comisión tenga acceso a los datos de funcionamiento de Uber. Una información que le fue solicitada a la compañí­a de transportes hace más de un año y que Uber se niega a facilitar en su totalidad.

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Es por ello que, en un plazo de 30 dí­as, según la sugerencia del juez administrativo, Uber deberá entregar todos los datos acerca de las carreras que han llevado a cabo sus conductores, sabiendo cuántos han transportado animales, o personas en silla de ruedas y otras posibles variaciones. Todo ello acompañado de datos como fechas, códigos postales y tarifas pagadas. Información de interés para la Comisión de Servicios Públicos de California cuya ley de 2013 se centra en asegurar la igualdad de servicios para todos los usuarios, sin importar sus condiciones. Y es que, de momento, Uber se libra de otros litigios y problemas contra el sector del taxi en Estados Unidos.

Según un portavoz de Uber, la compañí­a apelará para evitar pagar la sanción y echar el cierre. Una apelación que podrí­a alargar el tiempo de 30 dí­as ofrecido por las autoridades del estado de California para presentar todos los datos requeridos. Un proceso que podrí­a suponer una ventana de varios meses antes de la suspensión efectiva y de la imposición de la multa. Un juego al que Uber ya está acostumbrada a jugar si recordamos casos como el de los litigios en España o en Alemania, donde consiguió eludir las sentencias de jueces durante meses.

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Al parecer, la condena de los 6,6 millones de euros no supondrí­a más de un uno por ciento de su capital, ya que la compañí­a sigue aumentando sus ingresos e inversiones. Sin embargo, el veto en su servicio sí­ podrí­a suponer un duro golpe. Más aún cuando surge en el estado en el que comenzó a funcionar y donde cuenta con más apoyos. Un duro golpe también para su imagen, que podrí­a verse afectada aún más frente al resto de litigios en los que se encuentra en el resto del mundo.

De momento habrá que esperar para ver si Uber responde a la Comisión de Servicios Públicos de California con todos los datos requeridos, ya que sólo habrí­a presentado parte de ellos. También habrá que ver si mantiene su lí­nea de bordear la ley y echar un pulso con las autoridades del estado que le vio nacer.

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